El 26 de agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 67/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de cinco personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario El Rodeo I, en Venezuela. La decisión responde a cuatro solicitudes presentadas ante el organismo internacional por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Leocenis García y otras representantes.
Qué decidió la CIDH
Tras analizar los expedientes, la Comisión reconoció que las cinco personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. En consecuencia, solicitó formalmente al Estado venezolano que adopte medidas inmediatas de protección.
Entre las medidas ordenadas, la CIDH requirió a Venezuela: garantizar valoración y atención médica oportuna; facilitar la comunicación de las personas beneficiarias con sus familiares y abogados de confianza; asegurar acceso a agua potable y alimentación adecuada; y garantizar que no sean objeto de amenazas ni agresiones dentro del centro penitenciario. El Estado tiene un plazo de 15 días para informar sobre su cumplimiento.
El rol de Leocenis García
Como parte solicitante ante el Sistema Interamericano, Leocenis García impulsó que el caso de El Rodeo I —el mismo penal donde él estuvo detenido y que ha documentado en sus crónicas— llegara a la máxima instancia de derechos humanos del continente. La resolución representa un reconocimiento internacional a la gravedad de las condiciones denunciadas y coloca al Estado venezolano bajo la observación formal de la CIDH.
Es importante señalar que el otorgamiento de estas medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre el fondo, sino un mecanismo de protección preventiva mientras el organismo internacional continúa su seguimiento.
Lee la Resolución 67/2026 completa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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