El 7 de septiembre de 2026, Leocenis Manuel García Osorio —periodista, editor, fundador del Grupo Editorial 6to Poder y dirigente de Acción Democrática en Resistencia— presentó ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un memorial histórico en el Caso 14.137, con copia al Secretario General de la OEA. El documento exige que el caso, en etapa de Fondo desde hace una década, culmine en un Informe de Fondo y en el sometimiento de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Qué es el Caso 14.137 ante la CIDH
La petición fue presentada alrededor de 2016 y el caso García / 6to Poder vs. Venezuela se encuentra hoy en etapa de Fondo: la Comisión ya no discute su admisibilidad, sino si el Estado violó derechos y qué debe reparar. En octubre de 2024, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Leocenis García (Resolución 79/2024, MC-896-24) mientras permanecía incomunicado en El Rodeo I. El Estado venezolano nunca respondió. Ese silencio, sostiene el memorial, es prueba autónoma del incumplimiento del deber de garantía.
El despojo del Grupo Editorial 6to Poder
Fundado el 4 de marzo de 2008, 6to Poder no era un semanario aislado. En siete años se convirtió en un conglomerado de prensa: los medios 6to Poder, El Comercio y El Heraldo; las revistas Usex y Fin de Semana; 6to Poder Radio y 6to Poder Libros; y un proyecto de televisión que el Gobierno bloqueó en dos ocasiones. CONATEL suspendió la señal de Atel Televisión el 21 de mayo de 2013, antes de que se perfeccionara la compra que la convertiría en 6ta Visión. Luego, Nova TV fue sacada de las cableras.
En marzo de 2015 el grupo fue allanado, cerrado y, en la práctica, expropiado: oficinas, casas y vehículos incautados, cuentas congeladas sin el trámite constitucional. Más de ciento cincuenta trabajadores —periodistas, diseñadores, personal administrativo y de talleres— quedaron sin empleo. El memorial tasa el patrimonio destruido en aproximadamente veinte millones de dólares, cifra que será objeto de peritaje en la etapa de reparaciones.
Una década de cárcel, allanamientos y censura
El documento reconstruye un patrón continuado de persecución a la libertad de prensa en Venezuela, con entre seis y nueve encarcelamientos y huelgas de hambre que superaron los setenta y los ochenta días:
Lo que exige a la Comisión Interamericana
El memorial formula cinco pedidos concretos: que la Secretaría impulse de inmediato la deliberación de Fondo y eleve un proyecto de Informe que declare la responsabilidad internacional de Venezuela; que ese Informe fije un plazo de cumplimiento no mayor de tres meses; que, vencido el plazo, la Comisión someta el caso a la Corte IDH; que se tenga por formulado el petitorio de reparaciones —restitución o compensación del grupo, reparación colectiva a los trabajadores, anulación de todas las causas penales y garantías de no repetición—; y que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emita opinión técnica sobre el cierre del grupo y la exclusión de sus señales de televisión.
Los precedentes: Granier (RCTV), Mezerhane y Capriles
La estrategia jurídica se apoya en la jurisprudencia interamericana ya dictada contra Venezuela. En mayo de 2026 la CIDH sometió a la Corte el caso de Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión, construido sobre el mismo patrón: dueño de medio, procesos penales, estigmatización, pérdida de bienes y falta de tutela judicial. A ello se suman Granier y otros (RCTV), Usón Ramírez, López Mendoza y Capriles. El argumento central es que el Caso 14.137 no pide una doctrina nueva: pide aplicar la misma que la Comisión ya utilizó, a un caso anterior en el tiempo y más grave en la reiteración carcelaria.
Quiénes respaldaron a Leocenis García
El memorial documenta un coro de voces que, en su momento, objetaron la persecución: el cardenal Jorge Urosa Savino, que pidió juicio en libertad y gestionó ante el Nuncio; monseñor Aldo Giordano, representante del Papa Francisco, que le escribió en el día 47 de huelga de hambre; la Conferencia Episcopal Venezolana; la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y PEN International; el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe de 2017; e incluso voces del propio chavismo, como Lina Ron y Marisabel Rodríguez de Chávez. Cuando el oficialismo mismo y el gremio periodístico denuncian el ensañamiento, sostiene el documento, cae el argumento de que se trató de una causa penal ordinaria.
Memorial histórico de violaciones y solicitud de Informe de Fondo — Caso CIDH 14.137, García / 6to Poder vs. Venezuela (13 páginas).
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